En la madrugada del 15 de Octubre de 2016, se produce a las puertas del bar Koxka, en el pueblo de Altsasu (Navarra) un altercado en el que se vieron implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y las parejas de estos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. En menos de 24 horas Altsasu se convierte en un plató de televisión y el caso en un asunto de Estado. El giro de este espectáculo se produce cuando el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, denuncia los hechos ante la Audiencia Nacional, a pesar de que la investigación del caso seguía ya su curso en los juzgados de Navarra. Esta organización introduce la acusación de terrorismo y el operativo policial contra ocho jóvenes se pone en marcha el 14 de noviembre. A la vista oral que comienza el 16 de abril de 2018 se llega con peticiones fiscales de entre 62 y 12 años de prisión. El juicio es seguido con expectación por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades, al abuso de la expresión “terrorista” y a la vulneración del derecho a un juicio justo. El caso, plagado de puntos negros, constituye uno de los procesos judiciales más desconcertantes de los últimos tiempos.